El componente judicial del gobierno es independiente para aislar a sus miembros de las acciones punitivas o coercitivas de los departamentos legislativo y ejecutivo del gobierno. Si el poder judicial es independiente, entonces puede tomar decisiones justas que defiendan el estado de derecho, un elemento esencial de cualquier democracia constitucional genuina.
La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, protege la independencia judicial de dos maneras. En primer lugar, el Artículo III dice que los jueces federales pueden ocupar sus cargos «mientras tengan buena conducta». En efecto, tienen nombramientos vitalicios mientras satisfagan las normas éticas y legales de su cargo judicial. En segundo lugar, el Artículo III dice que los poderes legislativo y ejecutivo no pueden combinarse para castigar a los jueces disminuyendo los pagos por sus servicios. Las constituciones de algunos países democráticos prevén el nombramiento de los jueces por un período de tiempo determinado, pero invariablemente protegen su independencia de acción durante su mandato.
Alexander Hamilton, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, ofreció una justificación para un poder judicial independiente en el artículo 78 de «El Federalista». Escribió: «La completa independencia de los tribunales de justicia es peculiarmente esencial en una Constitución limitada». Hamilton afirmaba que sólo un poder judicial independiente sería capaz de controlar imparcialmente un ejercicio excesivo de poder por parte de los otros poderes del Estado. Así pues, el poder judicial vela por el imperio de la ley en una democracia constitucional. – John Patrick, Understanding Democracy, A Hip Pocket Guide