La ubicación de Papúa Occidental en un mapa de la región. Crédito: Wikimedia Commons
En diciembre de 2018, Survival International comenzó a recibir informes preocupantes de la región de Nduga, en Papúa Occidental. Los líderes de las iglesias decían que las congregaciones de 34 iglesias en las tierras altas de Papúa habían desaparecido. Una violenta operación militar del ejército indonesio había obligado a decenas de hombres, mujeres y niños inocentes a huir de sus aldeas temiendo por sus vidas y a buscar refugio en lo más profundo del bosque.
Justo antes de Navidad, las cosas dieron un giro inesperado y alarmante. Survival comenzó a recibir inquietantes fotografías de cuerpos desfigurados, heridas y quemaduras horribles, y de extraños botes que, según la gente, habían sido lanzados sobre sus pueblos. Un periódico australiano informó de que los misteriosos botes parecían contener fósforo blanco, un arma incendiaria y química que «quema la piel y la carne hasta los huesos».
El uso de armas incendiarias lanzadas desde el aire contra poblaciones civiles está prohibido por el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. El gobierno indonesio ha negado categóricamente el uso de fósforo blanco, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado en Twitter que la acusación es «totalmente infundada, no factual y gravemente engañosa».
Las operaciones militares son frecuentes en Papúa Occidental, donde los soldados y la policía matan y torturan con impunidad. Papúa Occidental es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, colonizada y gobernada por Indonesia, y distinta del país independiente de Papúa Nueva Guinea. Los pueblos indígenas de Papúa bajo la ocupación indonesia han soportado un sufrimiento y una opresión extraordinarios desde que Indonesia tomó el control en 1963. Los pueblos tribales de Papúa son melanesios: étnica, cultural y lingüísticamente distintos de los indonesios malayos que los gobiernan desde Yakarta. El gobierno reprime la disidencia política e intenta «indonesizar» a los papúes, destruyendo no sólo vidas, sino también la asombrosa diversidad cultural y lingüística de más de 300 tribus diferentes.
Las tribus de las tierras altas viven del cultivo itinerante y la caza; también crían cerdos. Durante las incursiones militares están demasiado asustados para ir a sus huertos o a cazar. Según una investigación independiente de las iglesias de Papúa, durante una operación militar similar en 1998, al menos 111 personas murieron de hambre y enfermedades solo en tres aldeas y mujeres y niñas de tan solo tres años fueron violadas sistemáticamente y en grupo.
En los ataques de diciembre de 2018, los soldados buscaban a militantes del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB), un grupo armado que lucha por la independencia de Papúa Occidental de Indonesia. Los militantes habían matado a unos 19 trabajadores de la construcción de carreteras en diciembre, creyendo que eran soldados indonesios. En estos casos, las operaciones militares indonesias para localizar a los autores victimizan de forma desproporcionada a civiles inocentes, que son aterrorizados, maltratados y asesinados. Incluso los que escapan del ejército no están a salvo. Los aldeanos vulnerables, especialmente los más ancianos o los más jóvenes, mueren expuestos y hambrientos mientras se esconden en el bosque.
A pesar de las terribles pruebas aportadas por las propias tribus y del terrible historial de violencia y abusos de los derechos humanos por parte de Indonesia, todavía no ha sido posible verificar de forma independiente el supuesto uso de armas químicas. A los periodistas internacionales, las organizaciones humanitarias y los observadores de derechos humanos se les niega el acceso libre y abierto a Papúa Occidental. Survival y otras organizaciones piden que se detenga la violenta e indiscriminada operación militar en la región de Nduga y que se permita el acceso a la zona a investigadores independientes, incluidos inspectores internacionales de armamento, para investigar el supuesto uso de fósforo blanco y otros abusos contra la población civil.
Personas indígenas en la región de Nduga, en Papúa Occidental. Crédito: Survival International
Además de las operaciones militares en las tierras altas, las fuerzas de seguridad de Indonesia están reprimiendo brutalmente la disidencia política pacífica. En 2018, el 1 de diciembre, la fecha conmemorada por muchos como el «Día de la Independencia de Papúa», más de 500 manifestantes pacíficos fueron arrestados en ciudades de toda Indonesia. El 31 de diciembre, la policía y el ejército indonesios disolvieron violentamente una reunión del Comité Nacional de Papúa Occidental (Komite Nasional Papua Barat-KNPB), una organización no violenta del pueblo papú que pide un referéndum sobre la independencia de Papúa Occidental. Más de cien policías y soldados asaltaron y luego destruyeron la oficina del KNPB. Nueve miembros de la KNPB fueron arrestados y golpeados; tres han sido detenidos y acusados de traición.
Los papúes occidentales han descrito lo que les está ocurriendo como un «genocidio silencioso». Su invisibilidad se debe, en gran medida, a las restricciones impuestas a los periodistas y a la represión de las organizaciones pacíficas. El abuso de los pueblos papúes por parte del gobierno indonesio es una de las peores atrocidades de nuestro tiempo. Las voces de los papúes deben ser escuchadas; los papúes lo suficientemente valientes como para hablar deben ser protegidos y la comunidad internacional debe exponer y detener las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo allí.
(El autor es el responsable de medios de comunicación de Survival International)
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