Durante la mayor parte del siglo XX, Panamá fue una democracia constitucional. Sin embargo, un golpe de estado en 1968 llevó a los militares al poder. Durante la década de 1980, el general panameño Manuel Noriega asumió el control del gobierno. Después de que la presión diplomática y económica no lograra destituir a Noriega, el presidente de Estados Unidos, George Bush, utilizó las tropas estadounidenses para sacar al dictador del poder y restaurar la democracia en 1991 en una operación militar conocida como «Causa Justa».
Panamá es ahora una democracia representativa constitucional. El gobierno está dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está dirigido por un presidente elegido que actúa como jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es elegido para un mandato de 5 años y nombra al gabinete nacional. Además, hay dos vicepresidentes elegidos que también tienen un mandato de 5 años. El poder legislativo está formado por una cámara legislativa. Tiene 71 miembros que son elegidos para un mandato de 5 años. El poder judicial está formado por un tribunal supremo nacional, 5 tribunales superiores y 3 tribunales de apelación. El sistema judicial está plagado de corrupción e ineficacia.
El mayor partido político de Panamá es el Partido Revolucionario Democrático (PRD). El PRD es conservador en materia económica y atrae principalmente a los jóvenes y a los pobres urbanos del país. El Partido Arnulfista (PA) es el partido del actual presidente de la nación y su base se encuentra entre la población rural de Panamá. El Bloque Popular es una coalición de antiguos demócratas cristianos y grupos proempresariales, al igual que el Movimiento Nacional Liberal Republicano y Cambio Democrático. Estos partidos atraen a las clases media y alta y suelen tener fuertes vínculos con la comunidad empresarial.
En 1997, el presupuesto del gobierno fue de 2.400 millones de dólares y sus ingresos de 2.400 millones. El gasto del gobierno representa alrededor del 30 por ciento del PIB de la nación. En 1999, la deuda externa oficial de Panamá superaba los 7.000 millones de dólares. En la actualidad existen más de 50 formas diferentes de impuestos, pero hay planes de reforma para reducir ese número a 10. Estas reformas están diseñadas para simplificar el código fiscal con el fin de aumentar la eficiencia y hacer que el sistema fiscal sea más amigable para las empresas con reducciones en algunas formas de impuestos corporativos. El impuesto máximo sobre la renta de las personas físicas es del 33%, y el tipo máximo del impuesto de sociedades es del 30%. El sistema de recaudación de impuestos del gobierno es muy ineficiente, y las tasas de recaudación de algunas formas de impuestos caen por debajo del 50 por ciento.
Debido a su historia de interferencia militar en el gobierno, la nación adoptó una enmienda constitucional en 1994 que abolió el ejército. La seguridad está ahora en manos de la policía nacional, la guardia costera y un servicio aéreo nacional. En 1997, el gobierno gastó el 1,9% del PIB de la nación en seguridad, es decir, unos 132 millones de dólares. Alrededor de 150.000 personas trabajan para el gobierno en alguna capacidad.
Durante la década de 1990, el gobierno emprendió una serie de programas para liberalizar la economía. Promulgó reformas en la banca, la regulación laboral y los impuestos. En 1996, el gobierno aprobó las primeras leyes antimonopolio. Esta legislación creó 4 tribunales comerciales especiales para conocer de casos relacionados con patentes, marcas y antimonopolio. También creó una agencia de protección del consumidor conocida como la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Las nuevas leyes imponen multas a las empresas que realizan prácticas perjudiciales para los consumidores, como la venta de productos caducados y la fijación de precios. Sin embargo, sigue habiendo una serie de problemas en la legislación empresarial panameña. Por ejemplo, no existe una ley de quiebra que permita a las empresas reestructurarse en lugar de quebrar.
Se privatizaron varias empresas que antes eran propiedad del gobierno. Entre ellas se encuentran los puertos de Cristóbal y Balboa; la empresa de telecomunicaciones del país, INTEL; instalaciones de generación de energía y una empresa de cemento. Además, el gobierno ha privatizado los 17 casinos y empresas de máquinas tragaperras del país. Los planes de privatización de las empresas de electricidad y agua fueron interrumpidos por el nuevo gobierno en 1999. Como el país utiliza el dólar estadounidense, no puede controlar su política monetaria.